Desde ANDALUCÍA COMUNISTA consideramos la reforma laboral aprobada por Real Decreto-Ley del Gobierno español como una auténtica declaración de guerra abierta a la clase obrera de todos los pueblos del Estado español, muy especialmente, a la clase obrera andaluza.
Como en anteriores ocasiones, esta reforma laboral se trata de justificar en un supuesto “mercado laboral rígido” que impide a los empresarios crear más puestos de trabajo, pero la realidad es muy diferente: se trata de que esta crisis, provocada por la propia dinámica del modo de producción capitalista, sea superada a costa de que la clase obrera trabaje más por menos, en peores condiciones, sin derechos y con una mayor inestabilidad e inseguridad. Ni que decir tiene que esta reforma ni creará más empleos ni mucho menos ayudará a la tan mencionada “recuperación económica”, todo lo contrario, esta reforma al abaratar el despido hará aumentar el número de personas en paro y profundizará la crisis al quebrar el poder adquisitivo de la clase obrera y de los sectores populares.
El gobierno español del PP, como en su momento hizo el del PSOE, ha realizado esta reforma de acuerdo con los dictados del gran capital español, que pretende así competir en mejores condiciones, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.
Las agresiones consisten fundamentalmente en:
· Abaratamiento del despido. La indemnización por despido improcedente se reduce para los contratos indefinidos de 45 a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades y se imponen nuevas causas para el despido justificado: bastará que una empresa vea reducidos sus ingresos durante tres trimestres consecutivos, lo que facilitará que la mayoría de los despidos sean objetivos y se paguen a 20 días por 12 mensualidades.
· Las empresas podrán bajar el sueldo de sus trabajadores "cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción”, tan sólo tendrán que comunicarlo al trabajador afectado y a sus representantes sindicales con un mínimo de 15 días de antelación.
Se establecen los denominados “minijobs”, auténticos contratos basura con sueldos bajos, disfrazados de “contratos de formación y aprendizaje” para jóvenes de hasta 30 años. Igualmente, se establece un contrato precario especialmente para pequeñas y medianas empresas, al respecto, conviene tener en cuenta que el 97.1% de los establecimientos productivos en Andalucía tiene menos de 20 trabajadores.
· Desaparece la exigencia de autorización administrativa previa para las regulaciones de empleo (EREs), las empresas podrán realizar despidos colectivos sin ningún problema ni control administrativo. Se podrán realizar EREs también en entidades y organismos públicos.
Se acaba con la negociación colectiva haciendo que las empresas puedan descolgarse de los convenios, que la prórroga máxima de los convenios colectivos vencidos sea de dos años poniendo fin a la llamada "ultraactividad", y que los convenios de empresa tengan prioridad sobre los de ámbito superior.
· Las empresas disponen de más poder para determinar horarios, condiciones de trabajo, movilidad funcional, etc. Es lo que llaman “flexibilidad”.
· Se abre un nuevo y amplio abanico de bonificaciones a la patronal por contrataciones, es decir, se restan ingresos a la Seguridad y se establece que los patronos puedan cobrar una parte de la prestación de desempleo de un parado (el 50% durante 12 meses).
Las empresas de trabajo temporal (ETTs) podrán actuar como agencias privadas de colocación, lo que supone prácticamente el fin de los distintos servicios púbicos de empleo.
Como viene ya siendo habitual, el sindicalismo oficial español, CCOO y UGT, ha reaccionado de forma tímida y ambigua, no olvidemos que pactaron hace poco una bajada salarial con la patronal. Dicen estar en contra de esta reforma, pero realmente no confían en que la movilización obrera y popular pueda frenar este ataque ni quieren fomentarla, por eso se quedan en gestos nada más, esperanzados en convencer al Gobierno o que la reforma se “suavice” en su trámite parlamentario. Una vez más, CCOO y UGT están demostrando su incapacidad como sindicatos, como instrumentos de lucha de la clase obrera, y una vez más, vemos como son auténticos instrumentos del poder para contener la rabia de la clase obrera ante las agresiones del capital.
Esta reforma laboral vendrá a empeorar aún más la ya grave situación de la clase obrera andaluza. Recordemos que en Andalucía hay más de un millón de personas en paro y que de ese millón de personas 400.000 no reciben ningún tipo de prestación, a lo que hay que añadir las graves consecuencias que tendrá el paso de los trabajadores agrarios al Régimen General de la Seguridad Social. En Andalucía, se demuestra mejor que en ninguna otra parte del Estado español que el problema del paro no es el de un “mercado rígido”, sino de “modelo productivo”, ¿por qué no nos explican que habiendo la misma legislación laboral Andalucía doble la tasa de paro de la Comunidad Autónoma Vasca? En momentos como estos, se hace evidente la situación de Andalucía como país oprimido y dependiente, sin defensas para al menos paliar las consecuencias más graves de la crisis capitalista. Por tanto, Andalucía necesita de poder político, de instituciones nacionales libres y soberanas que estén al único servicio del pueblo trabajador andaluz y que procuren un desarrollo económico, social y cultural que nos libere de la tiranía del gran capital español e internacional.
En estos momentos, desde ANDALUCÍA COMUNISTA, hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas y sociales progresistas de Andalucía, especialmente al sindicalismo de clase y combativo en Andalucía (SAT, CGT, CNT y USTEA), a unir sus fuerzas y a llevar a cabo las movilizaciones que desemboquen en una Huelga General en Andalucía. Igualmente, consideramos fundamental que nuestro sindicato referente, el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), se refuerce y consolide como instrumento de lucha obrera que haga frente y neutralice las agresiones del gran capital.
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